L’Observatori de l’Habitatge Digne de l’Institut d’Innovació Social d’Esade y l’Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​con la participación de l’Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya, han publicado el informe  «Exclusió compartida. Viure en una habitació en un context d’exclusió residencial i social« que aborda una problemática creciente en Cataluña: el subarriendo de habitaciones sin contrato en condiciones precarias. Este fenómeno, que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad como familias monoparentales, jóvenes y migrantes, pone de manifiesto la insuficiencia del sistema de vivienda y la exclusión social estructural.

Para muchas personas, esta modalidad de vivienda, considerada inicialmente una solución temporal, se ha convertido en una realidad permanente marcada por la inseguridad, la inestabilidad y las restricciones en el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. El informe expone cómo las dinámicas de convivencia forzada, la falta de privacidad y el impacto en la salud mental afectan gravemente a las personas, especialmente a los niños y adolescentes que viven en estas condiciones.

Más de 50.000 personas en Cataluña viven en habitaciones realquiladas en condiciones precarias

Según el estudio, más de 50.000 personas en Cataluña se encuentran en esta situación, a menudo en condiciones precarias y sin seguridad jurídica alguna. Este fenómeno se ha convertido en realidad estructural, especialmente para mujeres, familias monoparentales y personas en situación administrativa irregular.

Los datos del informe son contundentes:

• El 70% de los hogares atendidos por Cáritas no pueden afrontar los gastos de la vivienda
• El 16% de la población en alquiler destina más del 60% de los ingresos en el pago del alquiler.
• El parque de vivienda social en España sólo representa un 2,5% del total, lejos de la media europea del 8%.
• Más del 37% de la población en situación de pobreza en Cataluña sufre sobrecarga por los gastos de vivienda.
• El 40% de las personas reconoce haber sufrido ansiedad por la situación de la vivienda; el 30% soledad y el 23% depresión.

Este informe busca visibilizar y sensibilizar sobre una realidad urgente, proponiendo acciones concretas para abordar una crisis habitacional que afecta a la dignidad y bienestar de miles de personas. El informe también denuncia que el realquiler implica una grave vulneración de derechos fundamentales como la seguridad residencial y el acceso a los servicios públicos básicos.

A través de entrevistas en profundidad y grupos de discusión, la publicación no sólo da voz a aquellas personas que afrontan esta situación, sino que también identifica propuestas de cambio. Entre las soluciones planteadas, destacan la ampliación del parque público de vivienda, la regulación del mercado de alquiler y el fortalecimiento de políticas que garanticen derechos básicos como el empadronamiento.

Ante esta realidad, Cáritas reclama medidas urgentes por parte de las administraciones públicas para garantizar el derecho a una vivienda digna y revertir esta situación de exclusión residencial.